Domingo 22 de enero a las 12 h. en Plaza de la Iglesia de San Isidro – Níjar
Durante esta semana la Policía Local de Níjar ha comunicado a algunos habitantes de El Walili y a otros a través de su publicación en el BOE, que el asentamiento será demolido el 30 de enero. Los servicios jurídicos del Servicio Jesuita de Migraciones y el Sindicato Andaluz de trabajadores, se han hecho cargo de la defensa jurídica de estos vecinos. El ayuntamiento en su escrito alega para la demolición problemas de salubridad y seguridad de sus residentes. Aunque la alcaldesa Esperanza Felices, en diferentes declaraciones ha hablado de un acuerdo con la patronal hortofrutícola y turística, que alegan que perjudica a la marca de sus productos y servicios, como motivo para el derribo. Las consecuencias de este desalojo será que provocará la dispersión de sus habitantes en nuevos asentamientos por la zona. Ya que son trabajadores de los invernaderos del entorno y no hay transporte. Y no se ha contemplado hasta el momento edificar alojamientos para los trabajadores agrarios.
Falta de palabra de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices
En la reunión mantenida con la Plataforma Derecho a Techo el pasado 12 de enero la alcaldesa garantizó el realojo de todos los moradores de El Walili antes de hacer el desalojo, a día de hoy la única comunicación que han tenido los habitantes de este asentamiento ha sido la del desalojo. Así mismo, en la reunión dio como fecha tope para la comunicación con el Ayuntamiento de los moradores que se acogía al realojo el 30 de enero, sin embargo, ahora es esa la fecha de la demolición. También la pasada semana la alcaldesa aseguró a las ONGs de la comarca y entidades religiosas que no habría desalojo sin una alternativa habitacional.
Diversas organizaciones se han puesto en contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ante la indefensión de los habitantes de El Walili, tras conocer esta situación, la decisión del Defensor ha sido la de iniciar un expediente de queja al Ayuntamiento de Níjar. También diferentes entidades de ámbito nacional, europeo y la Federación Nacional Agraria de Marruecos han expresado su preocupación y protesta ante un desalojo que no garantiza alojamiento para los trabajadores del campo e invernadero.
