La Justicia francesa multa con más de 80 millones de euros a la empresa murciana de trabajo temporal agrícola Terra Fecundis. El tribunal de Marsella condena a la entidad por fraude en los contratos de trabajadores agrícolas extranjeros
LA VERDAD DE MURCIA – La Justicia francesa condenó este 10 de junio a la empresa murciana y con sucursal en Níjar – Almería Terra Fecundis a pagar más de 80 millones de euros (85 millones de dólares) por fraude en los contratos de trabajadores agrícolas extranjeros en violación de las normas laborales.
El tribunal de Marsella, que tenía que fijar ahora los intereses civiles, condenó a la empresa a abonar esta cantidad millonaria a la seguridad social para «reparar el perjuicio financiero», provocado por no abonar las cotizaciones y contribuciones sociales debidas. «Es una decisión muy satisfactoria pero también frustrante porque los trabajadores agrícolas que no se atreven a actuar por miedo a represalias no obtendrán una reparación directa», dijo el abogado del sindicato CFDT, Vincent Schneegans.
De 2012 a 2015, Terra Fecundis envió a más de 26.000 trabajadores agrícolas, oriundos en su mayoría de Ecuador y de otros países de Sudamérica, a propiedades agrícolas del sur y del sureste de Francia. «Se trata del caso más importante de fraude a la seguridad social juzgado en Francia», aseguró el abogado del organismo Urssaff para la región Provenza-Alpes-Costa Azul, Jean-Victor Borel, durante el proceso en mayo de 2021.
El 8 de julio, la Justicia ya condenó a la empresa, oficialmente con sede en Murcia (sureste de España), a 500.000 euros de multa por «dumping» laboral. A tres dirigentes se les impuso 100.000 euros de multa y una pena de cuatro años de prisión en suspenso. A la compañía se la condenó por incumplir la legislación europea sobre trabajadores desplazados, que permite a empresas a enviar a su personal a otro país europeo para misiones limitadas en el tiempo.
Aunque Terra Fecundis pagó a estos trabajadores con el salario mínimo francés, abonó sus cotizaciones sociales en España, donde son un 40% inferiores, por lo que esta mano de obra resultaba más barata y rentable para los agricultores franceses. El juicio sacó además a relucir las precarias condiciones laborales de los temporeros. A algunas de las explotaciones las llamaban «Guantánamo», en referencia al centro de detención estadounidense en Cuba, o «La Cárcel», señaló el presidente del tribunal en la audiencia.
Los socios de Terra Fecundis ya planean recurrir la sentencia. El abogado Sergio Marco, que se encarga de la defensa de uno de los socios de la firma, avanza la decisión y sostiene que «nos parece un verdadero atentado a principios de la Unión Europea porque esas cantidades fueron pagadas a la Seguridad Social Española». Tras conocer la decisión del tribunal francés, esta parte subraya que «entendemos que la abogacía del Estado o la de la seguridad social española debería intervenir en el proceso para hacer valer las cotizaciones sociales de los trabajadores en España, que es el lugar donde residían los trabajadores donde han cobrado sus prestaciones y han recibido su asistencia sanitaria».
Una trama de explotación transeuropea
Las 89 empresas agrícolas que recurrieron a los servicios de Terra Fecundis y que declararon ante el juez no han sido procesadas, evitando con ello cualquier condena, a pesar de que numerosos testimonios demostraron que varios de ellos no declaraban la totalidad de las horas trabajadas y acogían a los trabajadores desplazados en condiciones de trabajo degradantes.
Una larga investigación de entidades como Condetras o el sindicato CFD entre 2012 y 2019 permitió conocer las duras condiciones de trabajo de los temporeros, que denunciaron semanas de trabajo de siete días, jornadas extenuantes y estafas salariales. Las condiciones de trabajo y alojamiento eran tan deplorables que a algunas de las explotaciones les llamaban “Guantánamo”, en referencia al centro de detención estadounidense en Cuba, o “La Cárcel”.
En el informe de los investigadores se recoge que uno de los alojamientos, en particular, resultó ser tan inadecuado para su uso como vivienda (habitaciones sin ventanas, cuatro veces menos lavabos que lo que recoge la ley, sólo una cocina de cinco funcionaba) que se decretó su cierre por orden de la Prefectura: “Se dan todos los elementos de la trata de seres humanos […]: captación, transporte desde España a Francia, alojamiento en condiciones indignas con fines de explotación laboral […], a cambio de una remuneración”.
Terra Fecundis fue acusada de llevar a cabo prácticas de “regateo” (suministro de mano de obra provocando un perjuicio al asalariado), de “trabajo no declarado”, de “operación ilegal de suministro de mano de obra”, todo ello llevado a cabo “en grupo organizado». También se le acusaba de cometer un fraude de 112 millones de euros a la Seguridad Social.
Lo que no se ha juzgado es el delito de tráfico, aunque figura en otro juicio en curso, que instruye el tribunal de Tarascon por la muerte en 2011 de un trabajador ecuatoriano que falleció por deshidratación en una finca de melones.
En 2018, la facturación de Terra Fecundis, ahora denominada Work for All, superó los 57 millones de euros y en el año 2020 movilizó a 5.000 personas hasta explotaciones francesas.
Este es el primer juicio a gran escala en una región marcada por la explotación de la mano de obra extranjera. Sólo en el departamento de Bocas del Ródanos operan una treintena de empresas de trabajo temporal españolas.
