El Boletín Oficial del Estado nº 51, de 28 de febrero de 2015 ha publicado el real decreto ley 1/2015 de 27 de febrero por el que se modifica la Ley 10/2012 que regulaba las tasas en el ámbito de la administración de justicia.
Esta derogación implica recuperar el acceso universal a la Justicia, ya que las tasas obligaban a muchos ciudadanos a renunciar a sus aspiraciones de Justicia por carecer de recursos económicos.
En concreto, en el ámbito del sindicato, los trabajadores extranjeros que hayan sido afectados por resoluciones de Extranjería podrán acudir al Juzgado Contencioso administrativo sin necesidad de pagar tasas.
El Real Decreto-ley, que ha entrado en vigor el día 2 de marzo, representa una nueva victoria de la sociedad civil, que durante tres años han encabezado una lucha social constante hasta lograr que estas tasas hayan sido derogadas y nos anima a seguir confiando en que ¡¡¡SÍ SE PUEDE!!! y merece la pena luchar por nuestros derechos.
Gracias a esta presión social el Gobierno ha iniciado una marcha atrás y ha reconocido su error al haber impuesto una Ley de tasas injusta, desproporcionada e inconstitucional que ha impedido a miles de personas acudir a la justicia y defender sus derechos.
Esta acción del Gobierno, que no olvidemos que responde a una campaña claramente electoralista, pone fin a una estafa que ha durado más de dos años, sin que el dinero recaudado (en contra de lo prometido en su momento por el Gobierno) haya sido destinado a mejorar el servicio público de justicia gratuita.