El pasado martes 24 de septiembre se celebró la segunda reunión de la Mesa Provincial para la Implementación de GRASP, de la que el SOC-SAT forma parte, junto a otros sindicatos como CC.OO. y UGT, comercializadores, COAG, Junta de Andalucía y cadenas de supermarcados europeas.Los objetivos de esta reunión, organizada por BSD Consulting, son fomentar la aplicación del módulo social GRASP en la agricultura en Almería, asegurando buenas prácticas sociales, disminuir no-conformidades con los criterios de GRASP y contribuir a la mejora continua del módulo GRASP y de su aplicación.
El módulo GRASP significa Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. para las Prácticas Sociales, y es un módulo voluntario y pronto para usar,desarrollado para evaluar las prácticas sociales en la explotación, abordando temas específicos relativos a la salud, seguridad y bienestar de l@s trabajador@s.
Las empresas se quejan de lo costoso que resultan las auditorías y expresan el malestar que siente el agricultor ante este control, evaluando que no ven diferencia entre el agricultor que lo aplica y el que no. El Soc-Sat considera que aún siendo un pequeño avance en el control de los riesgos sociales no se debería permitir que se convirtiera en un «lavado de imagen» al mantenerse en un porcentaje tan bajo de aplicación y al concederse excesiva flexibilidad en las normas de seguimiento y en las evaluaciones de las auditorías. En definitiva, las certificaciones sociales surgen como paliativo ante el incumplimiento generalizado de muchas normas laborales y sociales en la agricultura industrial almeriense, ante la presión de los consumidores europeos que no quieren contribuir a que precios baratos signifiquen explotación y mal vivir de los jornaleros. Para ello, y asumiendo que el sistema legal español de representación, negociación y aplicación de normas laborales es ineficaz, y mucho más en un sector tan precario y disperso como el campo, este sindicato ha propuesto que estas certificaciones sólo serán creíbles si existe un seguimiento a nivel provincial y si las empresas -que sostienen que la legalidad se cumple en un altísimo porcentaje- permitan que los sindicatos locales puedan asesorar a los jornaleros sobre sus derechos, ayuden a nombrar representantes obreros independientes y se sienten a dialogar y encontrar soluciones negociadas ante los múltiples conflictos individuales y colectivos que vivimos a diario en Almería.
