7/4/20 – El Gobierno ha aprobado este martes en su Consejo de Ministros una batería de medidas para encontrar las manos necesarias para trabajar el campo en los actuales tiempos de pandemia. El confinamiento decretado en todo el país y las restricciones a la movilidad fruto de una pandemia global han obligado al Ejecutivo a activado incentivos para unos empleos vitales para garantizar la cadena alimentaria, pero pagados mayoritariamente a precio de salario mínimo. Y para ello ha ido a buscar entre las personas de origen migrante que ya están en el país y los parados.
Para acogerse a este nuevo paquetes de medidas, los agricultores deben primar la contratación de proximidad, para evitar así grandes desplazamientos de gente por motivos laborales.
Una demanda inferior a la esperada
Entre 75.000 y 80.000 temporeros tiene calculado el Gobierno que hacen falta para asegurar la recogida de las cosechas en lo que queda de año. Para conseguirlos, el departamento extiende dicho permiso de trabajo extraordinario a “jóvenes migrantes no acompañados en edad laboral de 18 a 21 años” con permiso de residencia no lucrativa.
La fórmula de habilitar la contratación de menores extranjeros no acompañados ya ha sido planteada anteriormente por asociaciones de agricultores como Unió de Pagesos, que a principios del verano del 2019 trasladó a la Generalitat que habilitará permisos extraordinarios para la contratación de menores de entre 16 y 18 años, en el marco de un programa de formación profesional.
Entre 100.000 y 150.000 contratos de trabajo se podrían beneficiar de estas medidas. Lo que supondría la contratación de entre 75.000 y 80.000 temporeros ya que una personas puede sumar más de un contrato.
Migrantes de todas las edades y parados
Para paliar esa falta de mano de obra, el Gobierno tiene previsto “flexibilizar”, tal como ha argumentado el ministro, el marco laboral y permitir fórmulas de contratación hasta ahora no contempladas. Una de estas es prolongar todos aquellos permisos de trabajo de personas de origen migrante, que ya tuvieran previamente permiso de residencia y cuya autorización para acceder a un empleo en suelo español venciera entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio. Para ellos, los ministerios de Agricultura e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han habilitado una renovación de los permisos hasta que venza el contrato laboral que les vincula a la cosecha. Una vez finalice dicho contrato, las personas beneficiarias se quedarán de nuevo sin permiso de trabajo.
El Gobierno también incentivará que los agricultures recluten jóvenes de origen extranjero. Concretamente aquellos que carezcan de permiso de trabajo, pero sí de residencia y tengan entre 18 años y 21 años; según ha explicitado Planas. El ministro no ha explicitado que sucederá cuando la campaña de la recogida finalice y habrá que esperar al redactado final del BOE. No obstante, en los términos planteados en el borrador, este durará lo que dure el contrato, y fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicitaron que “en ningún caso consiste en una regularización”.
Tanto el SAT como el sindicato catalán Unió de Pagesos y han pedido que una vez teminado este contrato temporal se les sea concedido a los jornaleros el Permiso de Residencia y el de Trabajo automáticamente. La Generalitat de Catalunya ha solicitado al gobierno inicial un proceso de Regulación.
Contratos compatibles con el cobro de otros subsidios
El Ejecutivo ha querido movilizar también a los nuevos parados originados por la crisis del coronavirus, así como los que arrastraban situaciones de desempleo previas. Los trabajadores que estén cobrando algún subsidio agrario, como las peonadas, podrán compatibilizarlo con un nuevo empleo, así como los desempleados con alguna prestación no contributiva. También podrán acogerse los autónomos en cese de actividad por el covid-19 y se quedarán excluidos los trabajadores involucrados en un Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).