ALMERÍA 3 junio 2.024 – Alumnos inmigrantes afectados por la suspensión de los cursos de formación impartidos por el Centro de enseñanza de peluquería Montserrat González S.L., en las poblaciones de Almería y Adra, se concentraron el pasado lunes frente a la Oficina de Extranjería de Almería para solicitar su mediación ante la Delegación Territorial de Empleo, ante la posible pérdida de derechos tanto sociales como económicos que le puede infringir esta medida.
La suspensión ha afectado a 195 alumnos extranjeros que se matricularon en un programa de formación profesional vinculado al permiso de Arraigo Social. Estos cursos, regulados en la Ley de Extranjería, permiten a los alumnos, una vez culminado su formación satisfactoriamente, la obtención del certificado profesional en servicios auxiliares de peluquería, indispensable para la obtención del permiso de Residencia. Los cursos tienen un coste final de unos 1.600 euros por alumno.
Desafortunadamente para ellos, una inspección realizada el pasado mes de febrero por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo identificó diferentes irregularidades en la impartición del curso, lo que ha llevado a la suspensión de 15 grupos formativos, sin que se aplique ninguna solución a los alumnos para que puedan acabar su formación. Ni reciban ninguna información, tanto por el Centro como por los organismos administrativos, sobre la situación que se ha creada. Ni tan siquiera la devolución del dinero invertido. Por una actuación a los que son ajenos.
Ahora estos alumnos viven en la incertidumbre de perder su situación legal en el país, una vez acaben los cursos el próximo mes de julio. Es por ello que solicitan a la Oficina de Extranjería, y demás organismo con competencias, «intervenga de manera efectiva para rectificar las fallas en la impartición del programa de formación. Se establezcan medidas correctivas que no solo resuelvan las irregularidades, sino que también proporcionen soluciones tangibles y rápidas para los afectados, permitiéndoles completar su formación y regularizar su situación en España «. Además han recurrido a servicios jurídicos y al sindicato SAT para que medien en la búsqueda de una solución ante la administración.